- Modificar mediante varias enmiendas la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de escasa aplicación actualmente.
- Instó al gobierno a modificar el Proyecto de Reglamento de la citada Ley, que excluía a determinado sujetos obligados de la puesta en marcha de las medidas de diligencia debida y excluía a las PEP que sólo hubieran desempañado cargos en la política interna del país.
- Además le instó a endurecer el Código Penal, pues en su anteproyecto que está en información pública no se establecía diversos supuestos penales en relación con la corrupción. Tras esta introducción veamos las propuestas más destacables.
Sobre financiación de partidos políticos.
- Las entidades bancarias no podrán condonar deuda a los partidos políticos.
- Las donaciones prohibidas tendrán que devolverse. Todos los partidos deberán presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas y quienes no lo hagan tendrán prohibido recibir donaciones. Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
- Se prohíben las donaciones de personas jurídicas partidos políticos.
- Publicidad de los ingresos. Obligación de los partidos de publicar en su página web todas las donaciones a partir de una cantidad por especificar y las subvenciones recibidas.
- Marco de cooperación entre Tribunal de Cuentas y Hacienda, y otros entes.
Transparencia de los cargos públicos.
- Reglamento de derechos y obligaciones del cargo público.
- No podrán ser nombrados altos cargos los condenados por terrorismo.
- Declaraciones de bienes y derechos patrimoniales. Se intenta evitar así injustificados aumentos de patrimonio durante el mandato de un cargo. Se podrá analizar si el alto cargo se ha enriquecido injustificadamente. Cuando se cese del cargo, se presentarán las últimas declaraciones patrimoniales en la oficina de conflicto de intereses, que podrá pedir colaboración a la Agencia Tributaria para detectar posibles irregularidades.
Endurecimiento de las penas por corrupción en el Código Penal.
- La financiación ilegal de los partidos, nuevo delito. El Consejo de Ministros incluirá en la reforma del Código Penal, que ya está en trámite parlamentario, el delito de financiación ilegal de las formaciones.
- Inhabilitación para los corruptos. Se busca que los condenados por delitos de tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal no puedan tener acceso a contratos con la Administración Pública, ni recibir subvenciones, beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
- Se endurecen de las penas por delitos de prevaricación. También se reforzará la persecución de delitos de cohecho.
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