Verdades a medias

La Agencia Tributaria regularizará a 86 contribuyentes de Galicia, la mayor parte de la provincia de Pontevedra, con el cobro de 26,1 millones correspondiente a lo defraudado y a las sanciones pertinentes, mientras que ha denunciado a la jurisdicción penal a otros 16 por delito fiscal por un importe de 6,9 millones de euros en relación a la trama de supuesto fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas.

¿seguro que finalmente se cobrará?
Por lo publicado fue por la denuncia de un particular a finales del año 2009 la que ha servido para destapar una trama de supuesto fraude fiscal y falsedad documental encabezada por una empresa de construcción el Vigo, Las Cinco Jotas, según han concretado las mismas fuentes, por la que han sido imputadas un centenar de personas y el juzgado sobreseyó la imputación de otras 60.
¿por qué el juzgado sobreseyó? ¿la labor inspectora no fue escrupulosa?
Lástima que pillen a una constructora, que a buen seguro se gastó ya el dinero.
Se ha abierto una investigación para esclarecer un fraude millonario a Hacienda, debido a la emisión de facturas falsas por parte de la empresa Cinco Jotas de Vigo --que se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas-- a otras empresas que tenían mucha facturación y pocos gastos, con el fin de que éstas pudieran evadir impuestos.

Además, la constructora, para compensar su elevada facturación, presentaba a su vez facturas de gasto que, presuntamente, le emitían numerosos trabajadores rumanos que, al parecer eran ajenos al entramado.

La Agencia Tributaria da por desactivada (como si fuera una bomba) la trama con estas actuaciones, que se salda con 11 personas físicas o jurídicas como presuntas creadoras del entramado (queremos firmeza), denunciadas por falsedad documental, y 145 empresas implicadas por el mismo delito.

¿Se cobrará el dinero?
¿Han investigado si se ha producido blanqueo de capitales?

En fin, conociendo el procedimiento inspector y que la mayoria de las veces lo que se evalua es el dinero refraudado, pero nunca se dice lo realmente cobrado y los infractores no son objeto de escarnio público. Todo seguirá igual.